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Comité propone consulta popular contra 'Ley Araújo' en Cartagena

Comité propone consulta popular contra 'Ley Araújo' en Cartagena

A través de un comunicado, el recién constituido Comité promotor de la consulta popular #NoaLaLeyDelDespojo (No a la ley 2038 de 2020), se pronunció en lo que considera como una ley inconsulta, excluyente, inconstitucional y que instrumentaliza la pobreza.

La 'Ley Araújo', como ya es conocida entre la ciudadanía por ser de la autoría del senador uribista, Fernado Nicolás Araújo Rumié, tiene por objeto crear el 'Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena para el año 2033’.

Comité propone consulta popular contra 'Ley Araújo' en Cartagena

Uno de los promotores de la iniciativa, el veterano dirigente político y abogado Danilo Contreras, le explicó a LaChiva.Co que debe ser el pueblo quien finalmente decida si acepta que las politicas para superar pobreza en Cartagena y adaptarla al cambio climático "sean determinadas por una élite que siempre ha gobernado dejando una estela de miseria y desigualdad en la ciudad, o si por el contrario nos decidimos a fortalecer la democracia local, la autonomia territorial y el derecho que tenemos a imaginar y emprender un modelo alternativo de desarrollo incluyente y de progreso en armonía con la naturaleza".

Comité propone consulta popular contra 'Ley Araújo' en Cartagena

El comunicado, firmado por José Elías Altarmar, delegado por dicho Comité para ejercer su vocería, contiene siete puntos donde expone en detalle las motivaciones de la inconveniencia de la 'Ley Araújo', objetivos de la iniciativa, mecanismos de participación y ruta a seguir. La consulta popular, dice la comunicación , será inscrita por el comité promotor el próximo jueves 28 de enero, donde ofrecerá a su vez una rueda de prensa virtual que se realizara a las 8 de la mañana. "Estaremos haciendo llegar el respectivo link'.

Aquí el comunicado

1. Luego de una deliberación amplia al interior de las organizaciones que representamos, acerca de las consecuencias que trae la implementación de la ley 2038 de 2020 que engañosamente se titula “Fondo para la erradicación de la pobreza extrema en Cartagena para el año 2033”, hemos decidido acudir a los mecanismos de participación consagrados en la Constitución y proceder a inscribir una consulta popular a fin de que sea la ciudadanía, la que defina “si está de acuerdo, SÍ O NO, con entregarle la facultad de aprobar y ejecutar planes y programas para erradicar la pobreza extrema y la conservación de los recursos naturales del medio ambiente a la junta directiva que manejará el fondo creado por la ley 2038 de 2020”.

2. Respaldamos las acciones constitucionales presentadas ante la Corte Constitucional, que buscan la declaración de inexequibilidad del articulado de la ley 2038 de 2020; sin embargo creemos indispensable que esas acciones jurídicas sean acompañadas por un proceso de movilización ciudadana, pedagógica y constructiva que le permita entender a nuestros conciudadanos la implicaciones que tiene la puesta en vigor de la ley, como instrumento que destruye la democracia y la autonomía territorial, privatizando la contratación de proyectos estratégicos para enfrentar la pobreza extrema y adaptar a la ciudad al cambio climático.

3. La ley corresponde a un modelo de desarrollo concebido y ejecutado por las élites cartageneras desde nuestra fundación, que se ha extendido con efectos devastadores hasta nuestros días, dejando una estela de miseria, segregación y despojo en una ciudad que es una de las más desiguales del país.

4. La ausencia de participación de los dirigentes comunales y colectivos ciudadanos para la estructuración de la ley 2038 de 2.020 es una muestra más de la exclusión que ha caracterizado el modelo de desarrollo elitista que denunciamos. Un modelo que nos han impuesto para someter y llevar a nuestras comunidades a la tragedia de pobreza que padecen cotidianamente y que han quedado patentes por la pandemia y los eventos del cambio climático. 

5. La ley instrumentaliza vergonzosamente la pobreza que padecen tantos cartageneros, y aduciendo la erradicación de la miseria consagra un régimen normativo que monopoliza la contratación en un órgano antidemocrático durante su vigencia que iría hasta 2033, prorrogables por decisión de la misma junta, hasta tanto se culminen las obras planteadas, con lo cual su permanencia adquiere un carácter indefinido.

6. La facultad exorbitante para identificar, estructurar, aprobar y ejecutar proyectos tendientes a la erradicación de la pobreza extrema y las obras para la adaptación al cambio climático, con que la ley dota a la Junta que manejará el fondo, ratifica una manera de gobernar fracasada, reforzando obstáculos para que los movimientos ciudadanos puedan incidir con su cosmovisión, sus epistemologías y saberes edificados en los territorios, para concebir un futuro común de bienestar.

7. Estamos convencidos que la aplicación de la ley NO es el camino para superar la miseria, ni es la herramienta adecuada para emprender las obras de adaptación climática que demanda la ciudad, pues estas no pueden entregarse a un organismo que no atiende a rigurosos criterios de orden científico y tecnológico, que debe ser la característica central de una innovadora institucionalidad que enfrente los retos del futuro de Cartagena.

JOSE ELIAS ALTAMAR MENDOZA.
Vocero del Comité Promotor de la consulta Popular #NoaLaLeydelDespojo

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