Este jueves las juntas de acción comunal de Bocagrande, Castillogrande y algunos residentes de El Laguito realizaron una caravana pacífica como llamado de atención para que la administración Distrital atienda los problemas que aquejan a esa zona turística de Cartagena.

Los manifestantes alegan por el mal uso del espacio público y de playas; el uso indebido de la malla vial; la explotación turística ilegal; el uso de las playas colindantes al Hospital Bocagrande como embarcadero ilegal de turistas, y el parqueo de transporte especial no autorizado.

Este viernes el Consejo comunitario de Tierrabomba emitió un comunicado a la opinión pública que bien merece ser reproducido en su totalidad, pues hace un repaso detallado de contexto por su historia de olvido estatal y desarraigo, que urge incorporar en el debate público de una ciudad que tiende a analizar sus problemas a partir de las consecuencias y no de las causas que las provocan.

"No permitiremos que miembros de Bocala nos satanicen": Consejo comunitario de Tierrabomba

"Da vergüenza la perdida de memoria histórica de algunos cartageneros", dice la comunicación, en relación a los fenómenos de destierro y desplazamiento al que han sido sometidas las comunidades negras de Cartagena a lo largo de su historia contemporánea.

Bocala, la comunidad de residentes de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, reclama en sus constantes llamados, respeto a la vida digna y la convivencia; Tierrabomba, la isla que está a solo 5 minutos de sus predios, una comunidad conformada por 3.500 personas, vive a la sombra de la opulencia de aquella y según los tierrabomberos, no tiene servicio de agua potable, ni un puesto de salud con atención permanente, ni infraestructura deportiva ni educativa. Visitada cada cuatrienio en busca de votos, muchos llegan a llenarle a los isleños sus esperanzas de por si famélicas de promesas incumplidas. No se sabe entonces a quién le asiste el llamado a la 'Vida digna'.

El Consejo comunitario no desconce la problemática que expone Bocala ante el Distrito para una pronta y definitiva solución; por el contrario, la asumen pero como un "tema que le compete a todos", no obstante, continúa el comunicado, "jamás permitemos que se nos satanice y señale de la manera discriminatoria como lo han hecho algunos miembros de Bocala". Y aclara a renglón seguido, tener la disposición de sentarse con las autoridades y demás actores involucrados "para construir de una manera participativa y concertada, la mejor solución". Eso sí, recalca que "no permitiremos abusos con nuestra gente".

De acuerdo a un informe publicado por la periodista de Dejusticia, Marcela Madrid, antes de la pandemia, el 96% de los hogares en la isla de Tierrabomba y la península de Barú vivían en la pobreza, según cifras de 2018 de Cartagena Cómo Vamos. Durante 2019, en 7 de cada 10  hogares de Tierrabomba al menos una persona se acostó sin una de las tres comidas.

Nadie se pregunta, ni siquiera los miembros de Bocala, por el impacto y las repercusiones que dejó el confinamiento estricto en la Cartagena insular, una zona que, como muestran las cifras, atravesaba desde antes de la pandemia una grave crisis social que parece no incomodar a quienes toman las decisiones.

El Consejo en su documento concluye con una pregunta pertinente: ¿Quiénes son los vulnerables, a quiénes se les violan los derechos humanos, quiénes son las victimas del sistema y quién se pretende seguir victimizados?

Juan Diego Perdomo Alaba
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de Cartagena. Consultor en comunicaciones digitales, estratégicas y de gobierno.