En una ocasión leí una historia de un caballero que llegaba a un peaje y pagaba el valor correspondiente a su vehículo, más el del vehículo que venía detrás. Cuando fue interrogado sobre las razones de esta acción, el hombre manifestó que lo hacía para ver las reacciones de la gente, cuando recibía un regalo inesperado.

El tema corresponde al análisis de “la Ley del Dar”, incluida dentro de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, y estoy convencido que, fuera del señor del ejemplo, a nadie más en el mundo le gusta pagar peajes, y mucho menos por duplicado. Esto deja claro un hecho incontrovertible y fuera de cualquier discusión: En Cartagena, con la sola excepción de quienes los cobran, nadie ha querido, ni querrá jamás los dichosos peajes. Ese no es el debate.

Recordaba anoche con mi amigo 'El pacifista', el episodio ocurrido la noche del 9 de noviembre de 1989, después del famoso “Derribe este muro señor Gorbachov”, de Ronald Reagan, en junio de 1987; se había permitido con muchas restricciones el paso de Alemania del este al oeste y esa noche, se anunciaban en rueda de prensa medidas al respecto. Un periodista italo-judio de apellido Ehrman, que llegó tarde, solo alcanzó a medio entender en el estropajoso alemán, que habría paso hacia el oeste. Cometió la locura de interrumpir para preguntar que desde cuándo era el paso y el portavoz ario, enojado, lo miró y gritó: !A partir de este momento, carajo! El hombre todavía asustado salió y trasmitió la noticia que, en segundos, le dio la vuelta al mundo: Desde esa noche se abría el paso por el muro de Berlín. La gente se lanzó sobre el muro y el resto ya lo sabemos.

No sé si el auto emitido desde el despacho del contralor delegado intersectorial 11, de la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción de la Contraloría General de la República (CGR), en el que se dispuso vincular, en calidad de presuntos responsables fiscales, a quienes tenían tal condición en la Concesión vial de Cartagena S. A., desde septiembre de 2017, estaba en alemán o quienes lo leyeron, solo miraron el pedacito en el que se mencionaba lo del presunto detrimento patrimonial y posible logro de la TIR. Este tan solo era un auto de trámite para vincular a unos funcionarios al proceso, recaudar pruebas en cumplimiento del debido proceso y las garantías procesales y seguir con las demás etapas del juicio fiscal. No era una sentencia definitiva, notificada y ejecutoriada, despues de los correspondientes recursos de ley. Tampoco era una orden de finalización de la concesión.

Todos recordamos que hace tan solo 10 días, fue el propio alcalde William Dau quien llegó a un acuerdo con la concesión, para que esta continuara, sin cobrar aumento en la tarifa para este año. Como siempre el alcalde salió a posar, alardear y a pedir aplausos a sus simpatizantes por tan contundente triunfo, aunque no faltó quien, con mucho sentido, le hiciera caer en cuenta que, en realidad, lo que había era dado su aquiescencia tácita, para prorrogar la concesión. No se entiende entonces cómo, sin mediar orden alguna y sin finalizar el juicio fiscal iniciado en buena hora por un grupo de ciudadanos en 2017, sale a incitar a sus segidores y a la ciudadanía, con una solicitud a todas luces populista y demagógica, de suspender el cobro del peaje, lo que viene generando una situación de caos y violencia, a todas luces ilegal y de tintes delictuales, asonadas que antes que poner fin al problema, están generando otros, de consecuencias impredecibles para el Distrito y para la lucha que se venía dando para dar fin al cobro de peajes.

No se entiende cómo, la misma autoridad que no cumplió una orden de un ministerio y otra de la Policía, para derribar un edificio situado en espacio público, alegando que no había orden judicial, ahora sin orden alguna dan por terminado un contrato, sobre el que hay un juicio fiscal en curso y que el mismo alcalde prorrogó apenas hace unos días. Más allá del deseo de todos los cartageneros de que los peajes acaben de una vez por todas, está la institucionalidad, la ponderación y el buen ejemplo de acatamiento de las leyes y el cumplimiento de los deberes ciudadanos que debemos dar todos.

Flaco favor le hace a la ciudad, el grupo que, en forma plausible, venía realizando el proceso fiscal contra la concesión desde 2017, al dejarse manipular y convertir un proceso institucional legal y bien manejado, en una guachafita y un caos. El delito de asonada está tipificado en nuestro ordenamiento penal bajo el número 469 con penas hasta de 3 años.

Como dicen por ahí: “lo que hicieron con las manos, lo están borrando con el codo”.

Por: Rodolfo Enrique Díaz Wrigth. Abogado, ingeniero y exalcalde designado de Cartagena de Indias.