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¡A pagar! Luz verde para ‘datacredito’ de padres que incumplen cuota alimentaria

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¡A pagar! Luz verde para ‘datacredito’ de padres que incumplen cuota alimentaria

Los padres o madres de familia que incumplan con las cuotas alimentarias de sus hijos, deben conocer que recientemente la Corte Constitucional dio luz verde a una iniciativa legislativa, que consiste en la aplicación de un sistema de registro para identificar a  progenitores “irresponsables”, con el fin de determinar para ellos sanciones no penales, relacionadas con dicho deber legal.

¿En qué consiste el Registro de deudores alimentarios morosos REDAM?

Este sistema es llamado por algunos ‘El datacrédito familiar’, y fue aprobado en el Congreso de la República, revisado por la Corte Constitucional, y está listo para ser sancionado por el presidente, Iván Duque.

La finalidad es que los padres que falten a sus obligaciones por más de tres meses, consecutivos o no, sean objetos de penalidades como la prohibición para salir de país, no recibir algunos beneficios del gobierno como subsidios e inhabilidad para contratar con el Estado y ejercer algunos cargos públicos, o de elección popular. Además, cuando soliciten un crédito o la renovación del mismo, la entidad financiera podrá negarlo, argumentando que hay "un factor de riesgo", ya que la ley determina la obligación de revisar el REDAM, para verificar si el solicitante es un deudor moroso.

Sin embargo, cabe anotar que para esta ley, la Corte no permitió que cuando alguno de los padres obtenga un crédito bancario, las cuotas alimentarias a favor del menor le sean descontadas por ese rubro.

Retroactividad

Esta norma es retroactiva, es decir, no sólo busca la protección de los hijos menores de edad, sino que incluye a los que ya pasaron de los 18 años, y fueron desasistidos antes de cumplir esta mayoría de edad. Con pruebas, estos pondrían exigir todas las cuotas que no les fueron entregadas, cualquiera que sea la cantidad.

Para hacer efectivo este proceso, el responsable del menor debe acudir donde el mismo juez o funcionario de la Comisaría de Familia que declaró la obligación alimentaria para hacer el reporte; al tiempo, el funcionario debe notificar al deudor dentro de los cinco días hábiles siguientes, y este tiene la posibilidad de defenderse para demostrar que sí ha pagado; si eso no sucede, dentro de esos cinco días, será reportado en el REDAM.

Dicho registro quedará a cargo del Ministerio de Justicia y deberá llevarse a cabo en el término de seis meses a partir de la fecha de la promulgación de la Ley.

En entrevista con Semana TV, Maritza Martínez Aristizábal, Senadora del partido de la U y autora de esta iniciativa, manifestó que dicha ley no se encarga de fijar cuotas alimentarias, sino que es un instrumento adicional, una ayuda para que el sistema jurídico haga valer las sentencias, decisiónes judiciales o administrativas, luego de que un juez o autoridad haya determinado un monto alimentario.

Para el abogado penalista y docente José Carrasquilla, aunque toda norma es susceptible de ser demandada “va a ser muy difícil que la Corte, luego de haber dado su aprobación, la tumbe por inconstitucionalidad, porque esto pasa cuando se vulneran derechos fundamentales”.

Carrasquilla considera que esta herramienta es interesante, pues trae consecuencias civiles para quienes incumplen con su deber y “en un proceso penal, no necesariamente  prohíben salir del país a los padres deudores, eventualmente sí, pero es un proceso más largo y con el registro será más rápido, además podría ser una especie de 'liberación' para la justicia penal del país", concluyó el jurista.

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