La investigación inició a raíz de un informe elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y construido a partir de encuestas a 260 personas, entre personal de planta y contratistas de la Corte Constitucional. Dicho informe reflejó presuntos casos de acoso sexual y laboral, y hostigamiento contra hombres y mujeres de ese alto tribunal.

El documento señala que estas conductas se produjeron en dos vías: de hombres hacia mujeres y mujeres hacia hombres. De igual forma apunta que existe un trato de género desigual y que se replica con mayor intensidad en despachos liderados por magistradas titulares ya que “les dan más duro a las mujeres, {…} y más si la subalterna está más preparada o sabe más del tema que están trabajando. Ha habido casos en los que las magistradas titulares han hecho campañas para desprestigiar a otras mujeres porque tienen más credibilidad”.

De acuerdo con lo anterior, los nueve magistrados titulares de la Corte fueron denunciados por estos presuntos actos ante la Comisión de Investigación y Acusación. Sin embargo, se conoció que estos procesos serán tramitados por los mismos magistrados titulares involucrados, por lo que el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos pidió a dicho tribunal apartar de este estudio a los togados, entre ellos a las tres magistradas que lideran el Comité de Convivencia Laboral. Expresó además que se está “dejando en evidencia la doble moral de la Corte Constitucional”.

Bustos se refiere a Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Cristina Pardo, quienes según el informe de USAID, habrían maltratado a sus subalternas y funcionarios del alto tribunal. Estas tres magistradas fueron señaladas de “ser duras contra las mujeres” y de tener actos de persecución y acoso laboral contra sus dependientes, “Tanto es que en la página 31 del informe de USAID, aparece referenciado el acoso laboral y la persecución a personal o funcionarios femeninos que se sintieron exacerbados por la presión ejercida por las mismas”, explicó el veedor.

En el mismo sentido aseguró que dicha situación es un contrasentido que viola las garantías del debido proceso y violenta la imparcialidad y la autonomía, pues dejaría dudas en un resultado futuro, dado que las implicadas hacen parte del Comité de Convivencia Laboral, y serían las encargadas de establecer rutas y protocolos para el manejo de denuncias, así como de seguir una hoja de ruta para diseñar una política de equidad de género al interior de la Corte. “Exigimos que ellas mismas se desprendan de esa función que nunca debieron asumir”, y añade: “no es más que un intento de lavar la cara de los y de las involucradas en los hechos”. Y se pregunta: “¿Si antes no funcionaba el Comité de Convivencia Laboral, por qué ahora si debemos creer que va a funcionar?”. Enfatiza a su vez que para la Red de Veedurías de Colombia la Corte Constitucional “puso al ratón a cuidar el queso”, toda vez que a la cabeza de dicha investigación estarán algunas implicadas.  

Por lo anterior la Red de Veedurías enviará un escrito a la Constitucional para que ningún alto magistrado de ese tribunal asuma la investigación por supuestos actos de maltrato laboral y sexual.

Finalmente Bustos reseñó la necesidad de un comité independiente para que esa investigación tenga garantías supremas y resultados ejemplarizantes.

Redacción La Chiva
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