El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quién se encuentra bajo detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara esta medida de aseguramiento preventiva en su contra, por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal, seguirá privado de su libertad mientras se decide cómo se surtirá su proceso legal, si bajo la ley 600 del 2000, o por la 906 del 2004 del sistema penal acusatorio.

Así lo decidió en audiencia la Juez 30 de garantías de Bogotá, este martes martes 22 de septiembre. La togada sentó su posición al respecto y asentó que el proceso debe seguir por ley 906, y que no hay razón de tipo jurídico que permita continuar en la ley 600 del 2000. Sin embargo el expediente se lo envió a la Corte Suprema para que esta lo defina de fondo.

Si bien la juez consideró que el proceso debía surtirse por la ley 906 de 2004, que aplica para los delitos con posterioridad al 1 de mayo del año 2005, ya que la ley 600 del 2000 es para los anteriores a esa fecha, conceptuó que debe ser el alto tribunal quien concrete a dónde pasa a juzgarse.

Este caso ya había estado en la Corte y se venía adelantando bajo la Ley 600, hasta el pasado 31 de agosto cuando el expediente fue enviado a la Fiscalía, luego de que Uribe renunciara a su curul en el Senado de la República.

El futuro jurídico y la libertad del líder natural del Centro Democrático no se podrá resolver, hasta que no se aclare cuál es la ley competente que se aplicará.

Redacción La Chiva
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