La Corte Suprema de Justicia, tras evidenciar una problemática nacional de intervención "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas", le ordenó al Presidente de la República y a todas las demás autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, "adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva".

Entre las medidas, dispuestas por sentencia mayoritaria de la Sala de Casación Civil al tutelar también los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa de un grupo de 49 personas, está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".

Asimismo, la providencia ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD-, la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una "mesa de trabajo" para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas, en el término de 48 ahora, del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019, en el que murió el joven Dilan Cruz, como resultado de graves heridas recibidas en la protesta.

Por otra parte, la Corte señala explícitamente "que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional".

No obstante, luego de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra "elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones".

Se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, "por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el ESMAD que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente".

Por lo anterior, recuerda que "una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas".

En síntesis, para la Sala de Casación Civil, lo advertido revela serios problemas en cuanto a la falta de una Ley Estatutaria que "desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica".

La "violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa". Habla de los "estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del Gobierno Nacional".

Aquí el texto completo de la sentencia STC7641-2020

Redacción La Chiva
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